miércoles, 29 de diciembre de 2010
sábado, 27 de noviembre de 2010
SENADORES APROBÓ PROYECTO DE LEY PARA REGULAR LA ACTIVIDAD MINERA EN ENTRE RÍOS
PARANÁ. Noviembre 25. Este miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley que regula la actividad minera en la provincia de Entre Ríos, autoría del representante de Islas del Ibicuy en dicho cuerpo, Eduardo Melchiori (PJ). (Continúa en la extensión de la nota)
El legislador expresó que: “Era imperiosa la necesidad de contar con una legislación que se adapte a la actual realidad minera de la provincia”.
La propuesta de Melchiori establece que todo productor minero (propietario, arrendatario y concesionario, en término del Código Minero); comerciante de sustancias minerales; prestadores de servicios mineros (investigación, prospección, exploración, desarrollo, estudios de factibilidad y de impacto ambiental); y Plantas de Tratamiento o Beneficios minerales, “deberán ajustarse a las disposiciones de la presente Ley”. Además, estos tendrán que estar inscriptos en un Registro Único de Actividades Mineras, cuya creación está contemplada en el artículo 2do.
El texto también indica que: “La Autoridad de Aplicación -Dirección de Minería- podrá sancionar la actividad desarrollada por productores, comerciantes o industriales mineros” que no den cumplimiento a la inscripción mencionada. Agrega que, “si en el plazo de treinta (30) días de emplazado no lo hiciere, se le aplicara la multa correspondiente”.
Melchiori deja en claro que, “la exploración y la explotación de yacimientos situados en el dominio público o privado del Estado, se autorizará mediante permiso otorgado por Resolución de la Autoridad de Aplicación (...); éste tendrá carácter precario y no será exclusivo, prohibiéndose su transferencia o arrendamiento sin autorización”.
La normativa aprobada estipula además, el pago de un Derecho al Otorgamiento, que será diferenciado de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle; este es: “Extracción, exploración, cateo, etc.” .
En las licitaciones oficiales destinadas a la compra de sustancias minerales para la ejecución de Obras Públicas o la prestación de servicios, el artículo 13 expresa que: “las personas que desarrollen actividades mineras y que participen en las mismas como postulantes, deberán acreditar previamente estar inscriptos en el Registro Único de Actividades Mineras, bajo pena de inadmisibilidad”.
Otro ítem importante contenido en el proyecto del senador por Islas, es el que establece la obligatoriedad de contar con un Régimen de Guías de Transito de Minerales. Según se explica, esto permitirá tener un óptimo control del proceso de extracción o explotación, beneficio y comercialización de minerales obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio de la Provincia; y en la carga y transporte terrestre de los mismos, que se realice dentro y fuera del territorio provincial.
En tal sentido, el artículo 31 expresa: “Todo productor minero tendrá la obligación de expedir a todo comprador o adquirente, la guía del mineral para acreditar la legítima tenencia y para el libre tránsito”. En tanto que el 36 indica que, “el transitar con Guías caducas, adulteradas, falseadas en sus declaraciones, o directamente sin ellas, darán lugar al secuestro inmediato de la carga”.
Melchiori aclara en su iniciativa que: “Los titulares de los derechos mineros, previo al inicio de las actividades, deberán dar cumplimiento a los requisitos que, en materia de protección ambiental, dicta el Código Minero”.
Por último, el legislador destacó el aporte realizado para la confección del proyecto, de la Dirección de Minería de la Provincia y de municipios interesados.
“La industria minera utiliza nuestros recursos naturales, sobrado motivo para darle la importancia que el tema se merece. Es por esto, que debemos contar con una legislación acorde a los sistemas de control y monitoreo que se necesitan para determinar si esos recursos son explotados responsablemente o no“, finalizó Melchiori.
Cabe destacar que Entre Ríos se rige por el Decreto-Ley 5.005 dictado en 1971 y sus decretos reglamentarios; por la Ley 8.559 “fondo especial para fomento y contralor minero”, que no está reglamentada; por la Ley 8.850 por la que la Provincia adhiere a leyes y decretos nacionales que establecen la desregulación de diversas restricciones a las actividades mineras y establece regímenes de promoción para las inversiones en el sector.
Recursos minerales en Entre Ríos
Nuestra provincia es muy rica en cuanto a recursos minerales. Estos se extienden a lo largo del río Paraná, del Uruguay y se cierran en el Delta entrerriano.
En el noroeste, sobre el río Paraná –zona de Piedras Blancas y Hernandarias-, se hallan importantes yacimientos de yeso. En el suroeste, en Aldea Brasilera -departamento Diamante-, hay depósitos de arenas silíceas, materia prima básica para la elaboración del vidrio hueco.
Al sur de la Provincia, en el Departamento Islas del Ibicuy, las arenas que se hallan tienen más óxido de hierro y son utilizadas para la manufactura de vidrios planos (ventanas, automóviles o para la construcción). A este mineral, se lo denomina ‘industrial’ o ‘mineral no metalífero’.
Otro de los minerales industriales con los que cuenta la provincia es la arcilla plástica, utilizada para la confección de cerámica. Hay yacimientos grandes en la zona del Charigüé (Victoria) y en la ciudad de Paraná, donde existe actividad fabril sobre la base de esta explotación.
En los lechos de los ríos: Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, se hallan recursos de arena para la construcción.
En Victoria quedan hoy algunos yacimientos de ‘conchillas’ -explotados por la cuota de calcio para alimento balanceado, sobretodo para gallinas ponedoras-.
Hay importantes yacimientos de ‘tosca’, en casi todo el ámbito provincial y de ‘canto rodado’, sobre las márgenes del río Uruguay.
PARANÁ. Noviembre 25. Este miércoles, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley que regula la actividad minera en la provincia de Entre Ríos, autoría del representante de Islas del Ibicuy en dicho cuerpo, Eduardo Melchiori (PJ). (Continúa en la extensión de la nota)
El legislador expresó que: “Era imperiosa la necesidad de contar con una legislación que se adapte a la actual realidad minera de la provincia”.
La propuesta de Melchiori establece que todo productor minero (propietario, arrendatario y concesionario, en término del Código Minero); comerciante de sustancias minerales; prestadores de servicios mineros (investigación, prospección, exploración, desarrollo, estudios de factibilidad y de impacto ambiental); y Plantas de Tratamiento o Beneficios minerales, “deberán ajustarse a las disposiciones de la presente Ley”. Además, estos tendrán que estar inscriptos en un Registro Único de Actividades Mineras, cuya creación está contemplada en el artículo 2do.
El texto también indica que: “La Autoridad de Aplicación -Dirección de Minería- podrá sancionar la actividad desarrollada por productores, comerciantes o industriales mineros” que no den cumplimiento a la inscripción mencionada. Agrega que, “si en el plazo de treinta (30) días de emplazado no lo hiciere, se le aplicara la multa correspondiente”.
Melchiori deja en claro que, “la exploración y la explotación de yacimientos situados en el dominio público o privado del Estado, se autorizará mediante permiso otorgado por Resolución de la Autoridad de Aplicación (...); éste tendrá carácter precario y no será exclusivo, prohibiéndose su transferencia o arrendamiento sin autorización”.
La normativa aprobada estipula además, el pago de un Derecho al Otorgamiento, que será diferenciado de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle; este es: “Extracción, exploración, cateo, etc.” .
En las licitaciones oficiales destinadas a la compra de sustancias minerales para la ejecución de Obras Públicas o la prestación de servicios, el artículo 13 expresa que: “las personas que desarrollen actividades mineras y que participen en las mismas como postulantes, deberán acreditar previamente estar inscriptos en el Registro Único de Actividades Mineras, bajo pena de inadmisibilidad”.
Otro ítem importante contenido en el proyecto del senador por Islas, es el que establece la obligatoriedad de contar con un Régimen de Guías de Transito de Minerales. Según se explica, esto permitirá tener un óptimo control del proceso de extracción o explotación, beneficio y comercialización de minerales obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio de la Provincia; y en la carga y transporte terrestre de los mismos, que se realice dentro y fuera del territorio provincial.
En tal sentido, el artículo 31 expresa: “Todo productor minero tendrá la obligación de expedir a todo comprador o adquirente, la guía del mineral para acreditar la legítima tenencia y para el libre tránsito”. En tanto que el 36 indica que, “el transitar con Guías caducas, adulteradas, falseadas en sus declaraciones, o directamente sin ellas, darán lugar al secuestro inmediato de la carga”.
Melchiori aclara en su iniciativa que: “Los titulares de los derechos mineros, previo al inicio de las actividades, deberán dar cumplimiento a los requisitos que, en materia de protección ambiental, dicta el Código Minero”.
Por último, el legislador destacó el aporte realizado para la confección del proyecto, de la Dirección de Minería de la Provincia y de municipios interesados.
“La industria minera utiliza nuestros recursos naturales, sobrado motivo para darle la importancia que el tema se merece. Es por esto, que debemos contar con una legislación acorde a los sistemas de control y monitoreo que se necesitan para determinar si esos recursos son explotados responsablemente o no“, finalizó Melchiori.
Cabe destacar que Entre Ríos se rige por el Decreto-Ley 5.005 dictado en 1971 y sus decretos reglamentarios; por la Ley 8.559 “fondo especial para fomento y contralor minero”, que no está reglamentada; por la Ley 8.850 por la que la Provincia adhiere a leyes y decretos nacionales que establecen la desregulación de diversas restricciones a las actividades mineras y establece regímenes de promoción para las inversiones en el sector.
Recursos minerales en Entre Ríos
Nuestra provincia es muy rica en cuanto a recursos minerales. Estos se extienden a lo largo del río Paraná, del Uruguay y se cierran en el Delta entrerriano.
En el noroeste, sobre el río Paraná –zona de Piedras Blancas y Hernandarias-, se hallan importantes yacimientos de yeso. En el suroeste, en Aldea Brasilera -departamento Diamante-, hay depósitos de arenas silíceas, materia prima básica para la elaboración del vidrio hueco.
Al sur de la Provincia, en el Departamento Islas del Ibicuy, las arenas que se hallan tienen más óxido de hierro y son utilizadas para la manufactura de vidrios planos (ventanas, automóviles o para la construcción). A este mineral, se lo denomina ‘industrial’ o ‘mineral no metalífero’.
Otro de los minerales industriales con los que cuenta la provincia es la arcilla plástica, utilizada para la confección de cerámica. Hay yacimientos grandes en la zona del Charigüé (Victoria) y en la ciudad de Paraná, donde existe actividad fabril sobre la base de esta explotación.
En los lechos de los ríos: Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, se hallan recursos de arena para la construcción.
En Victoria quedan hoy algunos yacimientos de ‘conchillas’ -explotados por la cuota de calcio para alimento balanceado, sobretodo para gallinas ponedoras-.
Hay importantes yacimientos de ‘tosca’, en casi todo el ámbito provincial y de ‘canto rodado’, sobre las márgenes del río Uruguay.
XVII Encuentro InterCuencas RRR
sábado 27 de noviembre 2010
Con la presencia del Dr. Antonio Gustavo Gómez, Abogado especialista en delito ambiental, Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, autor de las actuaciones por las que se decidió procesar al Presidente de Minera la Alumbrera.
Programa
10.00: Presentación, marco general y objetivos del Encuentro
10.30: La afectación al ambiente, la constitución de delito, fundamentos, tipificación, encuadres. Dr. Gustavo Gómez
12.00: espacio para preguntas
12.30: Receso para almuerzo en el lugar
13.30: El sistema Judicial, panorama de la estructura judicial en el país, instancias, procedimientos, criterios a considerar para el acceso a la justicia. Dr. Gustavo Gómez
15.00: espacio para preguntas
15.30: Presentación del documento Normativa Ambiental (Prov. de Buenos Aires), órganos públicos y acción vecinal, de Espacio InterCuencas RRR. Síntesis del aprendizaje acumulado por los integrantes de Espacio en las demandas y presentaciones.
16.00: espacio para el debate, intercambio de propuestas y conclusiones.
Será el último Encuentro de éste año,
tendremos para distribuir los materiales impresos producidos, intentamos que sea ocasión para la presencia de todos los integrantes de los grupos y asambleas que son parte del Espacio
Lugar: Belgrano 2527, Capital, sede de ATE
Horario: de 10 a 17 hs.
En ésta actividad contamos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll
ADHIERE, PARTICIPA Y DIFUNDE (AVACE)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita contra el CEAMSE
sábado 27 de noviembre 2010
Con la presencia del Dr. Antonio Gustavo Gómez, Abogado especialista en delito ambiental, Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, autor de las actuaciones por las que se decidió procesar al Presidente de Minera la Alumbrera.
Programa
10.00: Presentación, marco general y objetivos del Encuentro
10.30: La afectación al ambiente, la constitución de delito, fundamentos, tipificación, encuadres. Dr. Gustavo Gómez
12.00: espacio para preguntas
12.30: Receso para almuerzo en el lugar
13.30: El sistema Judicial, panorama de la estructura judicial en el país, instancias, procedimientos, criterios a considerar para el acceso a la justicia. Dr. Gustavo Gómez
15.00: espacio para preguntas
15.30: Presentación del documento Normativa Ambiental (Prov. de Buenos Aires), órganos públicos y acción vecinal, de Espacio InterCuencas RRR. Síntesis del aprendizaje acumulado por los integrantes de Espacio en las demandas y presentaciones.
16.00: espacio para el debate, intercambio de propuestas y conclusiones.
Será el último Encuentro de éste año,
tendremos para distribuir los materiales impresos producidos, intentamos que sea ocasión para la presencia de todos los integrantes de los grupos y asambleas que son parte del Espacio
Lugar: Belgrano 2527, Capital, sede de ATE
Horario: de 10 a 17 hs.
En ésta actividad contamos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll
ADHIERE, PARTICIPA Y DIFUNDE (AVACE)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Ciudad Evita contra el CEAMSE
Represión y asesinato en Formosa: Ni derechos de pueblos originarios, ni derechos Humanos.
¿Es que la propiedad privada esta por encima de la vida?
Es momento de decir basta, es momento de detener de una vez y para siempre la perversa impunidad de los terratenientes y sus cómplices en los gobiernos y en la justicia.
Dos vidas, un hermano originario y un policía, y varios heridos, son demasiada sangre para saciar la avaricia, la corrupción, el egoísmo que se traducen en el agronegocio, en la concentración de tierras, en la destrucción de los bienes naturales, en el hambre, en la desocupación y la inseguridad.
El año pasado asesinaron a Javier Chocovar, en Tucuman, pero parece que esto no fue suficiente, ¿que es lo que debe suceder entonces? ¿Hacia donde vamos?
En nuestro país la Constitución y varias leyes son muy claras en materia de los derechos de los pueblos originarios, como así también en el sistema jurídico internacional.
Los territorios en manos campesinas, indígenas producen alimentos sanos para el mercado interno, trabajo digno, en ellos el monte, el agua y la tierra son cuidados y respetados. Pero cuando esos territorios pasan a manos “privadas”, el agronegocio o la minería los destruyen, saqueando y contaminando toda nuestra producción, desabasteciendo nuestros mercados, generando desempleo, hambre, todo conduce a la inseguridad.
¿Seguridad jurídica de las empresas y de los terratenientes o seguridad social de todos y todas?, ¿Alimentos sanos para todos y todas o Comodities para exportar?, ¿Agricultura campesina indígena o agronegocio?. Estas contradicciones se resuelven con justicia social y respeto por los derechos humanos, con el fin de la impunidad policial, de la mala política, con el respeto a la constitución y con la distribución de la tierra.
La violación sistemática de los derechos de comunidades campesinas y pueblos originarios fue motivo de una Intervención Federal en la Provincia de Santiago del Estero en abril de 2004. Trajo consigo una matriz diferente de relaciones entre estado y sociedad civil organizada. Quizás el remedio Federal en la provincia de Formosa podría ser la fórmula que construya otro horizonte posible de justicia y dignidad.
Desde Movimiento Nacional Campesino Indígena nos solidarizamos con los hermanos de la comunidad Qom, con los compañeros, compañeras y familiares de los muertos y de los heridos.
Exigimos también la inmediata investigación y el castigo de todos los responsables físicos e ideológicos de los crímenes
Repudiamos las declaraciones del gobierno y la justicia de Formosa con argumentos falsos y vergonzosos ante los crímenes
Exigimos al poder judicial, se ponga a tono con la legislación vigente y el respeto de los Derechos Humanos.
Solicitamos al Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para que la investigación se lleve a cabo y para que todos los responsables sean juzgados, mas allá de su rol institucional o político.
Exigimos que se cumpla con la constitución nacional y se avance con legislación que proteja a las comunidades campesinas e indígenas, contemplando la propiedad comunitaria de la tierra en sus diferentes expresiones.
Somos Tierra para Alimentar a los pueblos!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC Vía Campesina
2010 año del I Congreso Nacional del MNCI y del V Congreso Latinoamericano de la CLOC
¿Es que la propiedad privada esta por encima de la vida?
Es momento de decir basta, es momento de detener de una vez y para siempre la perversa impunidad de los terratenientes y sus cómplices en los gobiernos y en la justicia.
Dos vidas, un hermano originario y un policía, y varios heridos, son demasiada sangre para saciar la avaricia, la corrupción, el egoísmo que se traducen en el agronegocio, en la concentración de tierras, en la destrucción de los bienes naturales, en el hambre, en la desocupación y la inseguridad.
El año pasado asesinaron a Javier Chocovar, en Tucuman, pero parece que esto no fue suficiente, ¿que es lo que debe suceder entonces? ¿Hacia donde vamos?
En nuestro país la Constitución y varias leyes son muy claras en materia de los derechos de los pueblos originarios, como así también en el sistema jurídico internacional.
Los territorios en manos campesinas, indígenas producen alimentos sanos para el mercado interno, trabajo digno, en ellos el monte, el agua y la tierra son cuidados y respetados. Pero cuando esos territorios pasan a manos “privadas”, el agronegocio o la minería los destruyen, saqueando y contaminando toda nuestra producción, desabasteciendo nuestros mercados, generando desempleo, hambre, todo conduce a la inseguridad.
¿Seguridad jurídica de las empresas y de los terratenientes o seguridad social de todos y todas?, ¿Alimentos sanos para todos y todas o Comodities para exportar?, ¿Agricultura campesina indígena o agronegocio?. Estas contradicciones se resuelven con justicia social y respeto por los derechos humanos, con el fin de la impunidad policial, de la mala política, con el respeto a la constitución y con la distribución de la tierra.
La violación sistemática de los derechos de comunidades campesinas y pueblos originarios fue motivo de una Intervención Federal en la Provincia de Santiago del Estero en abril de 2004. Trajo consigo una matriz diferente de relaciones entre estado y sociedad civil organizada. Quizás el remedio Federal en la provincia de Formosa podría ser la fórmula que construya otro horizonte posible de justicia y dignidad.
Desde Movimiento Nacional Campesino Indígena nos solidarizamos con los hermanos de la comunidad Qom, con los compañeros, compañeras y familiares de los muertos y de los heridos.
Exigimos también la inmediata investigación y el castigo de todos los responsables físicos e ideológicos de los crímenes
Repudiamos las declaraciones del gobierno y la justicia de Formosa con argumentos falsos y vergonzosos ante los crímenes
Exigimos al poder judicial, se ponga a tono con la legislación vigente y el respeto de los Derechos Humanos.
Solicitamos al Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para que la investigación se lleve a cabo y para que todos los responsables sean juzgados, mas allá de su rol institucional o político.
Exigimos que se cumpla con la constitución nacional y se avance con legislación que proteja a las comunidades campesinas e indígenas, contemplando la propiedad comunitaria de la tierra en sus diferentes expresiones.
Somos Tierra para Alimentar a los pueblos!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC Vía Campesina
2010 año del I Congreso Nacional del MNCI y del V Congreso Latinoamericano de la CLOC
Montes del Plata avanza sobre Colonia
La fábrica de celulosa no viene sola
El proyecto de instalación de una fábrica de celulosa en Conchillas
viene acompañado de una serie de hechos que concitan preocupación.
Por un lado, están aquellos que se refieren a la instalación de
plantaciones de eucaliptos en el departamento de Colonia para
abastecer a la fábrica y por el otro, los relacionados a la fábrica
en sí.
Con respecto a lo primero, es interesante comenzar destacando
recientes declaraciones del Intendente coloniense Walter Zimmer quien
afirmó que “es un asesinato” forestar en esta parte del país y
remarcó que “el presidente está totalmente de acuerdo con que no
se foreste en Colonia. Un departamento que es productor, una cuenca
lechera con un índice Coneat muy alto donde la tierra es
específicamente para cultivo, donde hay genética ganadera desde hace
50 años es un crimen, un asesinato, tomar un área de campo y plantar
árboles, es arruinar el departamento donde somos productores de
alimentos y además tenemos una reserva de agua muy importante y acá
lo que va a faltar en el futuro son alimentos y agua. Y cada eucalipto
le lleva 200 litros de agua por día”. (1)
Dichas declaraciones públicas no son casuales, sino que responden a
crecientes presiones de la empresa para lograr el avance de
plantaciones de eucaliptos en Colonia, que actualmente cuenta con unas
13.000 hectáreas plantadas con esa especie.
Si bien el gerente de Montes del Plata Erwin Kaufmann parece haber
acordado con Zimmer no avanzar con la forestación en el departamento,
la empresa busca salvar ese escollo de distintas maneras. En ese
sentido, es interesante señalar que la responsable de comunicación
de Montes del Plata, Carolina Moreira señaló que la empresa tiene
“un registro de ofertas de campos para forestar pero que aguardan la
reglamentación que se apresta a aprobar el gobierno coloniense”. En
una postura algo distinta a la del Intendente, la Junta Departamental
de Colonia “estudia un proyecto para limitar a un 8% la forestación
en predios menores a 100 hectáreas”, que si bien no es lo ideal
para la empresa, le es mas favorable que la prohibición lisa y llana.
A ello se agregan declaraciones ambiguas de Carolina Moreira, que
aclara que “en cuanto al resto de los predios a forestar
eventualmente lo que hoy estamos haciendo es tomando nota de algunas
expresiones de interés que hemos recibido”. (2)
Con respecto a los predios mayores, una reciente “actualización de
solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la
empresa (octubre 2010), dice que “Nuevos proyectos forestales, con
superficies superiores a 100 ha, a desarrollarse en la zona (énfasis
agregado), deberán poseer autorización de la DINAMA (de acuerdo al
Dto. 349/005), motivo por el cual esta será un actor en los casos que
se propongan nuevas plantaciones por parte de productores locales o
aquellos que aspiraran a desarrollar plantaciones forestales en la
región”. O sea, que no descarta el avance de la forestación en
Colonia y presiona sutilmente a la DINAMA para que autorice los
proyectos a medida que se vayan presentando. (3)
Sin embargo, las presiones de la empresa no se limitan a las
autoridades colonienses. De acuerdo con informaciones provenientes de
nuestros contactos en Colonia, Montes del Plata estaría presionando
al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que reclasifique
los suelos de Colonia y “encuentre” 100.000 hectáreas de
prioridad forestal. En ese sentido, estarían apuntando a un grupo de
suelos (5.02.b ), que son los que están en la parte alta del paisaje,
bastante superficiales, pero que han sido históricamente incorporados
a la producción lechera, agrícola y ganadera del departamento. Para
poder entender la enormidad de la cifra de 100.000 hectáreas, cabe
acotar que la superficie total del departamento es de 610.000
hectáreas. Y también se requiere aclarar que la empresa es
propietaria de enormes extensiones de tierras a lo largo y ancho del
país (más de 250.000 hectáreas), con grandes áreas plantadas con
eucaliptos, capaces de abastecer plenamente a la nueva fábrica. El
motivo de pretender forestar en Colonia (“arruinar el
departamento” al decir del Intendente) es puramente económico:
abaratar los costos de transporte para aumentar las ganancias.
El otro conjunto de motivos de preocupación se refiere al proceso de
autorización de la planta de celulosa. De acuerdo con un escrito
reciente del Fiscal Enrique Viana, “ya existiría un acuerdo del
Estado con el grupo económico multinacional privado mencionado
que estaría asegurando la instalación y
funcionamiento de la citada industria celulósica en el territorio
nacional”. (4)
En su escrito, el Fiscal Viana solicitó a la jueza Cristina Crespo,
del Juzgado Letrado en lo Civil 16º, el diligenciamiento de medidas
preparatorias, previas a plantear un caso de protección del medio
ambiente y de ordenamiento ambiental del territorio, contra el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La
jueza ya habilitó el pedido de informes y ahora los ministerios de
Relaciones Exteriores, de Industria, Energía y Minería, de Economía
y Finanzas, y de Vivienda tienen 20 días para informar los pormenores
del contrato de inversión que (según afirma el Fiscal Viana) el
estado uruguayo habría firmado con la empresa Montes del Plata. (5)
Si bien resta esperar la respuesta de los distintos ministerios para
confirmar o desmentir lo planteado por Viana, la propia denuncia
(hecha pública en medios de prensa) genera motivos de preocupación
sobre el proceso de aprobación de esta fábrica de celulosa. A ello
se suma el posible avance de la forestación en Colonia vinculado al
abastecimiento de la misma, que impactaría gravemente sobre la
población y el ambiente de ese departamento.
Grupo Guayubira
25 de noviembre de 2010
La fábrica de celulosa no viene sola
El proyecto de instalación de una fábrica de celulosa en Conchillas
viene acompañado de una serie de hechos que concitan preocupación.
Por un lado, están aquellos que se refieren a la instalación de
plantaciones de eucaliptos en el departamento de Colonia para
abastecer a la fábrica y por el otro, los relacionados a la fábrica
en sí.
Con respecto a lo primero, es interesante comenzar destacando
recientes declaraciones del Intendente coloniense Walter Zimmer quien
afirmó que “es un asesinato” forestar en esta parte del país y
remarcó que “el presidente está totalmente de acuerdo con que no
se foreste en Colonia. Un departamento que es productor, una cuenca
lechera con un índice Coneat muy alto donde la tierra es
específicamente para cultivo, donde hay genética ganadera desde hace
50 años es un crimen, un asesinato, tomar un área de campo y plantar
árboles, es arruinar el departamento donde somos productores de
alimentos y además tenemos una reserva de agua muy importante y acá
lo que va a faltar en el futuro son alimentos y agua. Y cada eucalipto
le lleva 200 litros de agua por día”. (1)
Dichas declaraciones públicas no son casuales, sino que responden a
crecientes presiones de la empresa para lograr el avance de
plantaciones de eucaliptos en Colonia, que actualmente cuenta con unas
13.000 hectáreas plantadas con esa especie.
Si bien el gerente de Montes del Plata Erwin Kaufmann parece haber
acordado con Zimmer no avanzar con la forestación en el departamento,
la empresa busca salvar ese escollo de distintas maneras. En ese
sentido, es interesante señalar que la responsable de comunicación
de Montes del Plata, Carolina Moreira señaló que la empresa tiene
“un registro de ofertas de campos para forestar pero que aguardan la
reglamentación que se apresta a aprobar el gobierno coloniense”. En
una postura algo distinta a la del Intendente, la Junta Departamental
de Colonia “estudia un proyecto para limitar a un 8% la forestación
en predios menores a 100 hectáreas”, que si bien no es lo ideal
para la empresa, le es mas favorable que la prohibición lisa y llana.
A ello se agregan declaraciones ambiguas de Carolina Moreira, que
aclara que “en cuanto al resto de los predios a forestar
eventualmente lo que hoy estamos haciendo es tomando nota de algunas
expresiones de interés que hemos recibido”. (2)
Con respecto a los predios mayores, una reciente “actualización de
solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la
empresa (octubre 2010), dice que “Nuevos proyectos forestales, con
superficies superiores a 100 ha, a desarrollarse en la zona (énfasis
agregado), deberán poseer autorización de la DINAMA (de acuerdo al
Dto. 349/005), motivo por el cual esta será un actor en los casos que
se propongan nuevas plantaciones por parte de productores locales o
aquellos que aspiraran a desarrollar plantaciones forestales en la
región”. O sea, que no descarta el avance de la forestación en
Colonia y presiona sutilmente a la DINAMA para que autorice los
proyectos a medida que se vayan presentando. (3)
Sin embargo, las presiones de la empresa no se limitan a las
autoridades colonienses. De acuerdo con informaciones provenientes de
nuestros contactos en Colonia, Montes del Plata estaría presionando
al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que reclasifique
los suelos de Colonia y “encuentre” 100.000 hectáreas de
prioridad forestal. En ese sentido, estarían apuntando a un grupo de
suelos (5.02.b ), que son los que están en la parte alta del paisaje,
bastante superficiales, pero que han sido históricamente incorporados
a la producción lechera, agrícola y ganadera del departamento. Para
poder entender la enormidad de la cifra de 100.000 hectáreas, cabe
acotar que la superficie total del departamento es de 610.000
hectáreas. Y también se requiere aclarar que la empresa es
propietaria de enormes extensiones de tierras a lo largo y ancho del
país (más de 250.000 hectáreas), con grandes áreas plantadas con
eucaliptos, capaces de abastecer plenamente a la nueva fábrica. El
motivo de pretender forestar en Colonia (“arruinar el
departamento” al decir del Intendente) es puramente económico:
abaratar los costos de transporte para aumentar las ganancias.
El otro conjunto de motivos de preocupación se refiere al proceso de
autorización de la planta de celulosa. De acuerdo con un escrito
reciente del Fiscal Enrique Viana, “ya existiría un acuerdo del
Estado con el grupo económico multinacional privado mencionado
que estaría asegurando la instalación y
funcionamiento de la citada industria celulósica en el territorio
nacional”. (4)
En su escrito, el Fiscal Viana solicitó a la jueza Cristina Crespo,
del Juzgado Letrado en lo Civil 16º, el diligenciamiento de medidas
preparatorias, previas a plantear un caso de protección del medio
ambiente y de ordenamiento ambiental del territorio, contra el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La
jueza ya habilitó el pedido de informes y ahora los ministerios de
Relaciones Exteriores, de Industria, Energía y Minería, de Economía
y Finanzas, y de Vivienda tienen 20 días para informar los pormenores
del contrato de inversión que (según afirma el Fiscal Viana) el
estado uruguayo habría firmado con la empresa Montes del Plata. (5)
Si bien resta esperar la respuesta de los distintos ministerios para
confirmar o desmentir lo planteado por Viana, la propia denuncia
(hecha pública en medios de prensa) genera motivos de preocupación
sobre el proceso de aprobación de esta fábrica de celulosa. A ello
se suma el posible avance de la forestación en Colonia vinculado al
abastecimiento de la misma, que impactaría gravemente sobre la
población y el ambiente de ese departamento.
Grupo Guayubira
25 de noviembre de 2010
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