Noche del viernes 22 de junio de 2012
Javier A. Rulli
Reto Sonderegger
El presidente paraguayo Fernando Lugo acaba de ser destituido por el congreso a través de un juicio político, un juicio express que ha durado sólo 24 horas. Esta maniobra se debe entender como un Golpe Parlamentario a todo el proceso democrático iniciado en el 2008. Los movimientos sociales están movilizados frente a la sede del Congreso y en diversos puntos del país.
Este complot de los grandes partidos políticos tiene que interpretarse como el último paso de una operación de desestabilización política que vive el país desde la masacre de Curuguaty el 15 de junio.
Los hechos de Curuguaty evidencian una operación y un complot de alto grado por parte de los intereses opositores. La matanza ocurrida en un campamento de sintierras en una operación policial dejó como saldo 17 muertos, 11 campesinos y 6 policías, 80 heridos. Hay 54 personas imputadas con cargos muy graves.
A continuación trataremos de explicar la reacción en cadena que sacude el país desde la masacre hasta la destitución de Lugo ocurrida hoy.
Antecedentes al caso de Curuguaty.
Curuguaty, departamento Canindeyú, en la zona noreste del país es una región fronteriza con una alta concentración de tierras donde impera el agronegocio de la soja, cultivo de marihuana y contrabando de drogas y armas.
Blas N. Riquelme es una de las personas más ricas del país, ex senador colorado, latifundista y dueño de cadenas de supermercados y otras empresas agroalimentarias.
Blas N. Riquelme se adjudicó en el 1969, plena dictadura de Stroessner, de forma fraudulenta 50 mil ha de tierras destinadas para la reforma agraria. Este caso de tierras malhabidas se denuncia en el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia en el 2008 (1).
"El empresario Blas N. Riquelme saluda al dictador Stroessner durante un acto público. Riquelme es una de las muchas personas que se beneficiaron con las tierras de la reforma agraria de forma irregular." FOTO : EA
Desde la caída de la dictadura en el 89, campesinos de la zona vienen luchando por estas tierras. Los sintierras se organizan principalmente en un inmueble de 2000 ha llamado Marina Cue. Desde hace unos meses atrás se había vuelto a instalar un campamento de sintierras en el lugar con unas 60 personas. Estas personas no estaban agrupadas a ninguna organización específica.
La masacre de Curuguaty
El viernes 15 entraron al sitio, 2 grupos de las fuerzas del orden, las fuerzas especiales GEO y la policía, contaban únicamente con un orden de allanamiento. El primero grupo se acercó al campamento para dialogar con los sintierra, sospechosamente el grupo policial se posiciono detrás. Sorpresivamente, en una situación confusa empezaron disparos de larga distancia. Los primeros que caen abatidos son el jefe y subjefe de la GEO.
Durante el posterior enfrentamiento llegan helicópteros con refuerzos de la Fuerzas de Operaciones Especiales, que con lanzallamas y gases lacrimógenos disparan y dispersan a los campesinos. La operación resulta con la muerte de 11 campesinos y 6 policías.
En las primeras 24 horas después del suceso, la policía y los militares cercan el área y no dejan pasar a nadie. La primera comitiva de derechos humanos es detenida durante unas horas. En Asunción dirigentes campesinos se mantienen en vigilia, los locales denuncian que en la zona se esta produciendo una caza tras los sobrevivientes y militantes de la zona. La policía quema el campamento borrando así muchas huellas. Durante todo este periodo no entran fiscales para constatar lo acontecido. Se presume que en este lapso la policía saca cadáveres y destruye evidencias.
Las personas heridas que llegan hasta los centros de salud son detenidas y aisladas en los centros policiales y aislados en los calabozos de los centros policiales. Algunos familiares y personas de la zona que se acercan a los centros de salud y /o policías para saber sobre la situación de los sintierras son también detenidos. No se permite el acceso a abogados ni organismos de derechos humanos.
Foto : Ultima Hora
El sábado 16 familiares, militantes y prensa cruzan el cerco policial y entran a la estancia para buscar sobrevivientes y heridos que aun estén escondidos. Indígenas de la zona colaboran con las tareas de búsqueda. Durante todo el fin de semana llueve intensamente lo cual dificulta los recorridos. La comitiva ciudadana encuentra 2 cadáveres de campesinos. Según la información de las organizaciones “estos cuerpos fueron mudados de lugares donde fueron abatidos, puesto que no se registraron muestras de sangre, en los alrededores. También fueron disfrazados de supuestos francotiradores, muestran rastros de tortura y ejecución reciente, sangre fresca y balazos en la cabeza y el cuello, y las armas que tienen al lado son escopetas que no podrían
haber sido utilizadas por francotiradores por ser armas de corta distancia y que disparan perdigones que no coinciden con las heridas de los policías fallecidos.”
Fotos: Vicente Paez (2)
La comitiva encuentra rastros de armamento de guerra, armas que no son usadas por campesinos. Se empieza a plantear que además del grupo de sintierras había otro grupo infiltrado y que estos son los que dispararon y emboscaron a la policía. Testigos de los campesinos confirman esta información, relatando sobre otro grupo de hombres que en los días previos había acampado cerca, que portaban armas de grueso calibre y que estos son los que dispararon. Su conducta no responde a los métodos de la lucha de los campesinos. Empiezan los cuestionamientos sobre quienes serán estas personas, matones de Blas Riquelme, mafia de la frontera, paramilitares, guerrilla. Lo que queda claro es que éstos no están entre los caídos ni los detenidos e imputados. Además se han eliminado muchas de las huellas que podrían haber ayudado a identificarlos.
Mientras, la fiscalía presenta acusación contra 54 personas. La mayoría son miembros de organizaciones campesinas y familiares de fallecidos que no estuvieron en esa ocupación, sino en otras realizadas anteriormente en las mismas tierras. La acusaciones son muy graves tales como homicidio doloso agravado, homicidio doloso además de los hechos de invasión, implican penas máximas de 30 años.
Solo 12 personas están detenidas e imputadas, varios de ellas ya en la cárcel. Hay varios menores de edad, entre ellos, una joven de 16 años, herida y con un bebe lactante. Los detenidos cuentan con muestras de tortura. Varios de los detenidos han sido apresados cuando fueron a preguntar por los detenidos y no estaban en el lugar de los hechos. La situación de indefensión hace que la gente local ni se atreva a salir de sus casas en los días posteriores, hay un estado de sitio no declarado en Curuguaty.
Los presos secuestrados por la policía
El domingo 17, el Secretario de Gabinete Miguel Ángel López Perito y la ministra de Salud Esperanza Martínez llegan a Curuguaty por iniciativa propia. La policía saca a los detenidos previamente del lugar y los lleva a otras cárceles y comisarías, para que los ministros no puedan verlos. Los detenidos están literalmente secuestrados por las fuerzas policiales.
Se celebra una asamblea entre los funcionarios, los familiares y los movimientos sociales donde estos presentan sus demandas, las cuales son:
1. Cese a la persecución y liberación de todos los presos
2. Indemnización de las familias de las víctimas
3. Recuperación de las tierras mal habidas de la Ex Marina para la conformación de un asentamiento modelo.
En una conferencia el 19 de junio, Emilio Camacho, interventor del Instituto de Tierras (INDERT), confirmó que Blas Riquelme no tiene la titularidad de las 2000 ha. El inmueble esta en juicio aun sin resolver. Su manifiesto deja en evidencia la irregularidad del sistema judicial paraguayo, servil a los intereses latifundistas, se firman órdenes de allanamiento y desalojo a favor de personas sin titularidad de las tierras.
Lugo entrega el aparato represivo a los Colorados
A causa de lo ocurrido en Curuguaty, Lugo sustituye al ministro del Interior Carlos Filizzola nombrando al ex Fiscal General del Estado, Candia Amarilla. Durante su ejercicio de fiscal, Amarilla se caracterizó por su persecución y criminalización a los sectores sociales.
Amarilla fue entrenado en Colombia y uno de los promotores de la implementación del plan Colombia en Paraguay. Además es un personaje del Partido Colorado. Como si fuera poco, Lugo destituye al Director Nacional de la Policía y pone en su cargo al jefe de la operación de Curuguaty, el comisario Arnaldo Sanabria Morán. Sanabria al jurar frente al presidente, realiza el saludo nazi. (3)
Foto: ABC COLOR
Ambos funcionarios reciben el rechazo masivo de parte de los movimientos sociales y otros sectores políticos. Amarilla anuncia que deja nulo el “protocolo” implementado por el anterior ministro en las operaciones de desalojo que consistía en dialogar con las organizaciones sociales previo a las operaciones. Amarilla manifiesta que a partir de su mandato se aplicará mano dura para hacer cumplir la ley.
Con estos dos nombramientos Lugo entrega el aparato represivo en las manos del Partido Colorado. Se presume que negoció con estas nominaciones para evitar el juicio político. Sin embargo así logro poner en su contra al partido liberal, el cual a su vez negoció con el partido Colorado y los Oviedistas para llevar adelante el juicio político.
El jueves 21 de junio se convoca a una movilización popular frente a las tierras de Marina Cue. Se concentran más de mil personas. El plan es permanecer en la entrada y/o volver a entrar y ocupar el predio hasta lograr la libertad de las personas y recuperar las tierras de Marina Cue.
Esa misma mañana, los partidos Colorados, Liberales y Oviedistas acuerdan sorpresivamente el juicio político. En unas pocas horas se reglamenta en las dos cámaras el protocolo del juicio, dándole al presidente dos horas el viernes para defenderse.
Desde el jueves, los movimientos sociales convocaron a movilización masiva frente al congreso. La noche del viernes pernoctan 2000 personas y columnas de todas las provincias empiezan a llegar a Asunción. El viernes se concentran alrededor de 10 mil personas frente al congreso. En varios puntos del país organizaciones cortan las carreteras.
El viernes por la tarde, después de unas absurdas y circenses sesiones en el senado, Lugo es condenado. Finalmente los parlamentarios paraguayos han destruido el proceso de democratización iniciado con la ascensión de Lugo. Al escuchar el veredicto se da la primera ola de represión en la plaza fuera del congreso. Esta señala sólo el inicio de lo que se esta orquestando contra los movimientos sociales y en especial contra el movimiento campesino.
La solidaridad internacional puede jugar un rol crucial en la defensa de los Derechos Humanos de los sectores populares. Llamamos a todas las organizaciones sociales a estar en alerta por la situación en el Paraguay.
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