En la mañana de hoy, hemos colgado un cartel frente a la casa del Senador entrerriano Departamental local, presidente de la Comisión de Producción y autor del proyecto de Ley de Agrotóxicos que pretende ser votado sobre tablas reduciendo de 3000 metros a unos irrisorios 200 metros la distancia de fumigación aérea de la zona urbana...
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03/07/2014 - 
4' 10" - 157 VisitasColumna de opiniónUn Senado contaminado
Por estas horas un sector de la sociedad está intentando que el debate legislativo en la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, pueda ser público y transparente en el contexto de un nuevo proyecto de ley sobre el uso y gestión de los “agroquímicos o productos fitosanitarios”, según lo denominan sus cultores. Pero que en la verdad de otros, se trata de una ley de agrotóxicos.Por Jorge Daneri,
especial para ANÁLISIS DIGITAL
El Senado votará un proyecto de ley al que las organizaciones socio-ambientales o ecologistas, no han podido acceder a su texto final. En concreto, se ha negado su acceso o conocimiento en tiempo y forma, de manera amplia y transparente. El día 2 de julio, la Fundación M’Biguá, luego de una petición formal y fundada destinada al vicegobernador, José Cáceres, ha logrado acceder a un borrador de texto, remitido desde el área de comisiones del Senado.
En este contexto y visto el texto que se pondría a consideración de los señores legisladores, podemos realizar estas breves consideraciones, intentando sean de utilidad para la no sanción de esta iniciativa, simplemente absurda.
La media sanción de una ley de estas características debería, reunir algunos pasos formales previos que son indicados por las normas constitucionales y legales, y por los principios democráticos y éticos, por lo menos, elementales ha cumplir:
No puede debatirse una norma tan importante, sin dictámenes técnicos y políticos previos y focalizados en el proyecto en consideración, producidos o emitidos por las máximas autoridades de las áreas de Ambiente y Salud de la provincia, y que los mismos puedan ser considerados por las organizaciones sociales interesadas, previo al debate legislativo.
Esto lo determina con claridad operativa la nueva constitución provincial. La no reglamentación de la misma, no le quita valor ni sentido al acto fundacional del derecho ambiental constitucional vigente.
Lo que se está por sancionar resulta, conforme el texto ahora disponible, retrógrado, funcional a las corporaciones del agro-negocio y gravemente agraviante de los derechos a la salud y la alimentación, sin profundizar en la fatalidad que implica, aún más a lo ya producido, para la diversidad biológica y productiva de la provincia.
El secreto, el ocultamiento, la falta de transparencia, la tensión y la ceguera institucional que lidera hoy el oficialismo en el Senado provincial en esta delicada materia, no solo ataca la esencia de los principios constitucionales del derecho ambiental provincial y nacional vigente. Ataca con alevosía el soporte democrático básico del derecho de acceso a la información pública en tiempo y forma y frente al texto final o dictamen de Comisión que se encuentra para su tratamiento legislativo. Este vacío, violenta la construcción social y abierta del derecho público, y por lo tanto pone, una vez más, en crisis el consenso democrático y ético del espíritu político constituyente. El Senado tiene por lo menos el deber constitucional, de recrear el espíritu de ese escenario político que fue la convención del 2008, como ejemplo de apertura al diálogo social y político, a la búsqueda de consensos.
El órgano de aplicación de la ley imaginada, la comisión conformada para su control, las distancias de fumigación establecidas, y la pobreza cualitativa en cuanto a otros escenarios claves ausentes, como el rol de las áreas de Salud y Ambiente, dejando todo en manos del sector productivista oficial y privado, es más que una ratificación enorme de la inequidad y desigualdad de los intereses más vulnerables y desprotegidos que esta norma proyectada, ni olvida ni ignora, no le interesa defender.
El mensaje oficial es demoledor a partir del acceso al texto remitido, porque niega groseramente los principios constitucionales de sustentabilidad, equidad inter-generacional y progresividad, entre otros, ni dudar de los principios de prevención y de precaución. Y el agravio lo es particularmente para la juventud, que milita desde otros lugares, desde renovadas y nuevas miradas, la política, el compromiso social y la convicción ecológica.
Una ley mal nacida en la Cámara Alta, en la Cámara Baja podrá ser un incendio ciudadano de protesta y petición movilizada por la sociedad de más y más democracia y la no legitimación de una actitud de rodillas frente al totalitarismo genético, expresado ahora, en este proceso legislativo silencioso y contaminado por la toxicidad de los intereses que parecen pesar más que los del pueblo de la provincia y sus futuras generaciones. No se puede llamar legislador a quien niega el debate en el gran congreso del pueblo, o que no mira y por lo menos respeta, la transición hacia la sustentabilidad y sus principios que la nueva Constitución le obliga a cumplir y ha jurado custodiar”
4' 10" - 157 VisitasColumna de opiniónUn Senado contaminado |
| Un sector de la sociedad intenta que el debate sobre la ley de agrotóxicos en el Senado sea público. |
especial para ANÁLISIS DIGITAL
El Senado votará un proyecto de ley al que las organizaciones socio-ambientales o ecologistas, no han podido acceder a su texto final. En concreto, se ha negado su acceso o conocimiento en tiempo y forma, de manera amplia y transparente. El día 2 de julio, la Fundación M’Biguá, luego de una petición formal y fundada destinada al vicegobernador, José Cáceres, ha logrado acceder a un borrador de texto, remitido desde el área de comisiones del Senado.
En este contexto y visto el texto que se pondría a consideración de los señores legisladores, podemos realizar estas breves consideraciones, intentando sean de utilidad para la no sanción de esta iniciativa, simplemente absurda.
La media sanción de una ley de estas características debería, reunir algunos pasos formales previos que son indicados por las normas constitucionales y legales, y por los principios democráticos y éticos, por lo menos, elementales ha cumplir:
No puede debatirse una norma tan importante, sin dictámenes técnicos y políticos previos y focalizados en el proyecto en consideración, producidos o emitidos por las máximas autoridades de las áreas de Ambiente y Salud de la provincia, y que los mismos puedan ser considerados por las organizaciones sociales interesadas, previo al debate legislativo.
Esto lo determina con claridad operativa la nueva constitución provincial. La no reglamentación de la misma, no le quita valor ni sentido al acto fundacional del derecho ambiental constitucional vigente.
Lo que se está por sancionar resulta, conforme el texto ahora disponible, retrógrado, funcional a las corporaciones del agro-negocio y gravemente agraviante de los derechos a la salud y la alimentación, sin profundizar en la fatalidad que implica, aún más a lo ya producido, para la diversidad biológica y productiva de la provincia.
El secreto, el ocultamiento, la falta de transparencia, la tensión y la ceguera institucional que lidera hoy el oficialismo en el Senado provincial en esta delicada materia, no solo ataca la esencia de los principios constitucionales del derecho ambiental provincial y nacional vigente. Ataca con alevosía el soporte democrático básico del derecho de acceso a la información pública en tiempo y forma y frente al texto final o dictamen de Comisión que se encuentra para su tratamiento legislativo. Este vacío, violenta la construcción social y abierta del derecho público, y por lo tanto pone, una vez más, en crisis el consenso democrático y ético del espíritu político constituyente. El Senado tiene por lo menos el deber constitucional, de recrear el espíritu de ese escenario político que fue la convención del 2008, como ejemplo de apertura al diálogo social y político, a la búsqueda de consensos.
El órgano de aplicación de la ley imaginada, la comisión conformada para su control, las distancias de fumigación establecidas, y la pobreza cualitativa en cuanto a otros escenarios claves ausentes, como el rol de las áreas de Salud y Ambiente, dejando todo en manos del sector productivista oficial y privado, es más que una ratificación enorme de la inequidad y desigualdad de los intereses más vulnerables y desprotegidos que esta norma proyectada, ni olvida ni ignora, no le interesa defender.
El mensaje oficial es demoledor a partir del acceso al texto remitido, porque niega groseramente los principios constitucionales de sustentabilidad, equidad inter-generacional y progresividad, entre otros, ni dudar de los principios de prevención y de precaución. Y el agravio lo es particularmente para la juventud, que milita desde otros lugares, desde renovadas y nuevas miradas, la política, el compromiso social y la convicción ecológica.
Una ley mal nacida en la Cámara Alta, en la Cámara Baja podrá ser un incendio ciudadano de protesta y petición movilizada por la sociedad de más y más democracia y la no legitimación de una actitud de rodillas frente al totalitarismo genético, expresado ahora, en este proceso legislativo silencioso y contaminado por la toxicidad de los intereses que parecen pesar más que los del pueblo de la provincia y sus futuras generaciones. No se puede llamar legislador a quien niega el debate en el gran congreso del pueblo, o que no mira y por lo menos respeta, la transición hacia la sustentabilidad y sus principios que la nueva Constitución le obliga a cumplir y ha jurado custodiar”
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